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A pesar de la protección legal, las comunidades afrodescendientes sufren impactos desproporcionados por:
Conflicto Armado: Se ha reportado una de las peores crisis humanitarias de la década, con un aumento significativo en confinamientos y desplazamientos masivos provocados por grupos armados en territorios étnicos.
Desigualdad Económica: La pobreza en esta población es 10.2 puntos porcentuales mayor que el promedio nacional, reflejando una discriminación estructural que limita el acceso a salud, educación y servicios básicos.
Racismo Estructural: Persiste el acceso limitado a la justicia y una baja efectividad en la implementación de leyes antidiscriminación como la Ley 1482 de 2011
Ley 70 de 1993 “Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política”.
Ley 387 de 1997 “por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y esta estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia”.
Ley 1448 de 2011 “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”.
Ley 22 de 1981 “Por medio de la cual se aprueba «La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial», adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Resolución 2106 (XX) del 21de diciembre de 1965, y abierta a la firma el 7 de marzo de 1966”.
Ley 21 de 1991 “Por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la 76a. reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra 1989”.
Ley 725 de 2001 “Por la cual se establece el Día Nacional de la Afrocolombianidad”.